Los gremios sindicales han tomado la decisión de manifestar su descontento en las calles, luego de la rápida aprobación del contrato minero en la Asamblea y su sanción en la Presidencia. Parecen dispuestos a cerrar vías e impedir la circulación del transporte público y privado, porque esto ayudaría a presionar a las autoridades.
Esa efectividad esta cuestionada, pero lo que no genera dudas son los efectos negativos en el país, la sociedad, la productividad, el turismo, la educación y la economía, en general.
La imagen de miles de personas atrapadas en sus automóviles, sin poder moverse es una medida de fuerza anticuada, que lesiona los principios democráticos, la sana convivencia y los derechos básicos de las personas al libre tránsito.
Universidades y colegios han suspendido sus actividades según anunciaron este domingo, mientras que las diferentes empresas están buscando alternativas para sus trabajadores. Realizar teletrabajo y educación virtual es una solución, pero no para todos.
Si una causa es buena y logra generar un consenso, debe buscar el camino para que se exprese, pero no alterar la vida nacional. En casos extremos, cuando se trata de que la vida y la muerte están en juego, tampoco se le brinda la asistencia requerida por parte de los participantes en las protestas callejeras. Por ello la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas pidió “a todos los manifestantes, por favor, dar paso expedito a todas las ambulancias y vehículos de intervención rápida (VIR) de todas las instituciones públicas y privadas del país”.
Nuestros profesionales se dedican a salvar vidas y hacer traslados seguros de todos los pacientes sin importar creencias políticas, estatus social, creencias religiosas, entre otros; y estamos seguros que dentro de las ambulancias no llevarán equipos antidisturbios ni mucho menos equipo que ponga en riesgo a la ciudadanía que se manifiesta”
Comunicado Asociación Nacional de Técnicos de Urgencias Médicas
“Pedimos a toda la ciudadanía, cuidar nuestras ambulancias, vehículos de intervención rápida, pacientes, familiares, personal paramédico y operador, pero, sobre todo, garantizar el paso expedito a nuestras unidades”, señala esa asociación que agrupa a licenciados, técnicos y estudiantes en Urgencias y Emergencias Médicas en Panamá.
Sobre el derecho a paso, ya se manifestó la Cámara de Comercio e Industrias y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
“Los cierres de calles que venimos sufriendo los panameños recientemente, en lugar de avanzar las causas por las que supuestamente se obstruye el tráfico, terminan generando perjuicio a miles de panameños honestos que se presentan diariamente a sus puestos de trabajo o están justamente en la calle ganándose su sustento”, señaló la cámara.
Por su parte, el Conep dijo “esas prácticas afectan la convivencia ciudadana, produce daños irreversibles a la productividad del país, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, afectando además a terceros que, en democracia, tienen el derecho a ejercer el libre tránsito, el cual debe ser garantizado por las autoridades”
En una sociedad democrática el diálogo, la manifestación pacífica, las expresiones en los diferentes medios y redes sociales debiera ser el camino para llegar a una solución y no, afectar la vida a terceros. Los gobiernos, por su parte, deben alejarse de las imposiciones, tienen la obligación de actuar de frente a la ciudadanía y expresando con sus acciones que interpretan los legítimos intereses de la sociedad. Esperamos que el clima nacional cambie y se pueda lograr una solución definitiva.
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