La reciente aprobación en la Asamblea Nacional de Panamá de la Ley No. 52, que establece la obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil en vehículos particulares, ha desatado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación. Entre los principales argumentos en contra destacan la situación económica del país, el impacto en el presupuesto familiar, la percepción de que se trata de un negocio disfrazado y la aparente poca practicidad de portar sillas en el automóvil.
La importancia de brindar seguridad a los niños mientras viajan en automóvil pasa a segundo lugar, de acuerdo a algunos puntos de vista. Por ejemplo, el exdiputado Edison Broce, quien señala que "obligar a comprar sillas para niños es una intervención estatal que ignora la realidad económica del país, beneficia a unos pocos e impone una carga adicional a las familias".
Además, se mostró contrario a establecer una multa de hasta $500.00 por no tenerla, lo que es imposible de cumplir en muchos casos como en familias numerosas y transportes colectivos.
Vale decir que en el proyecto de Ley están exceptuados a cumplir los buses escolares, los taxis, el transporte público, el de turismo. Para Broce, el análisis económico es clave en la formulación de políticas públicas.
En esa misma línea opina el exministro Luis Ernesto Carles, quien asegura que "la reciente Ley que impone el uso obligatorio de la silla de retención infantil y sillón elevado o booster hasta los 12 años me parece exagerada y ni hablar de las multas; a parte que se convierte en un gasto más para las familias. O diría mejor, poco práctica. Sí hasta cierta edad, pero no hasta los 12 años".
La normativa no habla de edades y está pendiente de sanción por parte del presidente José Raúl Mulino. Señala el proyecto de ley que los niños y niñas con una estatura inferior de 135 centímetros deben usar una silla de retención y viajar en el asiento trasero del vehículo.
Para Carles la medida atenta contra la práctica de llevar a amistades o familiares con niños por el miedo de recibir una sanción.
En una línea contraria opina Toribio Díaz, fundador de Víctimas de Violencia Vial, quien dijo que "vemos de forma positiva y con mucho optimismo esta nueva ley porque hemos visto que en accidentes de tránsito los niños han sido fuertemente golpeados o han fallecido".
La proponente del proyecto, la diputada Yareli Rodríguez señaló que en Panamá hay seis o siete empresas que importan estas sillas; y espera que otras empresas pudieran entrar al mercado y que haya más competencia.
Se espera que la ley comenzará a regir a los noventa días de su promulgación. Para ello, debe sancionar o vetar el presidente, José Raúl Mulino.
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