Una nueva actividad promete abrirse paso en Panamá para aumentar la flota de autos eléctricos gracias a un reciente reglamento emitido por el Ministerio de la Presidencia.
La normativa para el “proceso de conversión de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos” está incluida en el Decreto Ejecutivo No. 51 del 15 de 2023 que reglamenta la Ley 295 de 25 de abril de 2022.
En el país no hay normas técnicas sobre este tema, tampoco procesos calificados de evaluación. Para compensar ese vacío se deben crear comités técnicos para elaborar esos documentos y establecer “buenas prácticas de normalización para la conversión de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos”.
Se busca garantizar el cumplimiento de las características técnicas de los componentes “sensitivos” que se podrán utilizar a nivel nacional.
Para agilizar la puesta en marcha de este servicio de los talleres se podría usar una reglamentación vigente en otros países para transformar autos a gasolina o diésel, en vehículos eléctricos. La decisión la debe tomar la Secretaría de Energía, que debe solicitar esa normativa especial, de manera temporal, a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio.
Dicha entidad podrá adoptar mediante una resolución, cumpliendo con las buenas prácticas de normalización, hasta tanto, el comité técnico elabore la norma nacional.
Se le asignó a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establecer el procedimiento para validar la conversión de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos.
La ATTT certificará los talleres autorizados para conversión de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Se deberá llevar un registro de estas conversiones y mantener información de la cantidad anual de vehículos de combustión interna convertidos a vehículos eléctricos.
Promover esta actividad, de acuerdo al decreto 51, es una de las medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire, contribuir a la lucha contra el cambio climático, disminuir la dependencia en el uso de los combustibles fósiles, y promover la investigación y desarrollo para las mejoras en eficiencia energética en el sector transporte, a través de la innovación tecnológica.
Además, el reglamento incluye lineamientos sobre formación académica, reciclaje de baterías usadas y registro y operación de estaciones de carga.
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