Varios movimientos, controversia y cese de actividades han estado generando las plataformas digitales dedicadas a la movilidad.
Mientras que los transportistas de turismo acaban de demandar a Uber, Cabify anunció su salida del país a partir del 9 de noviembre. En tanto, el servicio chino DiDi acaba de estrenar su actividad en el país.
Un grupo de taxistas dueños de vehículos y licencias para transporte selectivo y turismo presentaron una denuncia por bien oculto y evasión al fisco en contra de UBER, plataforma que supuestamente operan “ilegalmente” en el país desde 2014.
Alvaro Muñoz, abogado de los transportistas, manifestó ante un grupo de medios de comunicación que desde 2014, las empresas digitales no han pagado los impuestos que generan por la actividad.
“En Panamá, toda empresa que genere ingresos anuales de $30 mil debe pagar impuestos, que incluyen el seguro educativo, el seguro social el ITBMS o 7% y el Impuesto Sobre la Renta”, señaló el abogado a los medios.
El Gobierno impulsa un proyecto de ley para tributar a las empresas digitales en general a través de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Se espera que la “economía digital contribuya a la recaudación de nuestros países como un acto de justicia”, señaló Publio García, director de la DGI.
La plataforma tecnológica española Cabify anunció, por su lado, a los clientes locales que dejará de operar en el país a partir del próximo 9 de noviembre luego de “un periodo de análisis” y búsqueda de rentabilidad.
En el anuncio de su cierre de operaciones, la empresa señala que seguirá presente en 87 ciudades de Latinoamérica y España.
El 15 de septiembre la compañía de servicios de transporte chino DiDi relanzó su actividad en Panamá luego de que fueron afectadas sus operaciones por una pausa obligada por la Pandemia.
El sistema opera con “socios conductores”, a los cuales se les ofrece el pago de la tasa de servicio del 15%. El servicio de DiDi contempla medidas de bioseguridad y un respaldo a los conductores que entren a cuarentena por Covid 19.
Una de las mayores controversias que mantiene el servicio de transporte digital es la legalidad de establecer cobros en efectivo. Inicialmente se había estipulado que solo se realizara por medio de tarjetas de débito y de crédito, sin embargo la Corte Suprema de Justicia estipuló que esa prohibición era ilegal.
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