Proponente de Ley de silla de retención infantil pide que no se apruebe

Para la diputada Yarelis Rodríguez "cuando el pueblo habla, debemos escuchar" y, según ella, el pueblo panameño se ha expresado a través de muchos mensajes que se oponen por temas económicos a la nueva Ley que obliga a utilizar una silla de retención infantil en los vehículos. Para entrar en vigencia el presidente, José Raúl Mulino debe sancionarla.

La diputada le pidió al presidente José Raúl Mulino que no apruebe el Proyecto de Ley 52, que establece que los niños y niñas con una estatura inferior a 135 centímetros deben viajar en el asiento trasero del vehículo y asegurados en una silla de retención infantil adecuada.

"Familia panameña.: esta curul es de ustedes. La protección y seguridad de nuestros niños siempre ha sido nuestra prioridad. Hemos escuchado a muchos padres de familia dar su testimonio de haber perdido a sus hijos en un accidente de tránsito o que quedan con lesiones graves para el resto de su vida y esta era la intención del proyecto de ley. Hemos escuchado al pueblo panameño a través de muchos mensajes decir que no estamos en una situación económica sostenible en este momento y lo entendemos. Quiero pedirle al presidente de la República que por favor no apruebe esta ley "

Yarelis Rodríguez Diputada proponente del proyecto de Ley No. 52

Los infractores a esta disposición van de 50 dólares (primera vez) a un monto de 500 dólares (tercera vez), sin embargo ocho días después de la aprobación en tercer debate la diputada Rodríguez cambia de opinión sobre la pertinencia de la legislación.

La normativa excluye de la obligación a taxis, transporte colectivo de pasajeros, transporte colegial, transporte privado con conductor, vehículos comerciales, de emergencia, de turismo y humanitarios.

Además de diferentes creadores de contenidos y ciudadanos, habían expresado su rechazo al proyecto de Ley el exdiputado Edison Broce y el exministro Luis Ernesto Carles. Entre los principales argumentos se menciona la situación económica del país, el impacto en el presupuesto familiar, la percepción de que se trata de un negocio disfrazado y la aparente poca practicidad de portar sillas en el automóvil.

El proyecto de Ley entraría en vigencia tres meses después de que el presidente sancionara el proyecto.