La responsabilidad por velar por la seguridad en las vías públicas, además de la Policía Nacional y su Dirección de Operaciones del Tránsito, es de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, pero al término de su actual gestión, quedan tareas y desafíos pendientes.
Al llegar a su fin el periodo de Carlos Ordoñez como director a cargo de la entidad, hay que decir que parte del problema es que no fue ratificado como tal y se despidió del puesto como "encargado". Ejerció su rol como si se tratara de una responsabilidad temporal.
Quizás por ello la importante tarea de atender la seguridad vial se abandonó un año antes. En mayo de 2023 se publicó el último informe sobre la situación de accidentes viales que se producen en el país, lo cual permitía realizar una comparación mes a mes y año por año.
En ese mes en particular se produjeron 2 mil 992 accidentes, 157 más que el mes anterior. Y 191 más que en el mismo mes del 2022.
El ´último dato anual recopilado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en esta materia es del 2022 como año concluido y fue de 32,853 accidentes, un aumento de 3 mil 689 respecto al 2021, cuando se registraron 29 mil 164 siniestros. En el 2020 el monto fue de 21 mil 866 casos.
Más allá de unas cifras globales mensuales y anuales de accidentes, la ATTT abandonó la tarea de dar seguimiento a los efectos de esos accidentes en las personas. En mayo de 2023 se dejó de estudiar la cantidad de lesionados y víctimas fatales, los cuales a esa fecha 3 mil 493 y 157, respectivamente.
Números que son importantes, y, también, era clave conocer toda la dimensión del problema. La ATTT dejó de dar seguimiento a los casos en cada una de las provincias. Se podía verificar la evolución mensual y, también, la proporción de los casos. Además, la información de año por año de los accidentes en cada provincia.
Para lograr una seguridad óptima hay que determinar de qué tipo de accidente se trata (colisión, vuelco, atropello, choque, caída). Además, de conocer los días, horarios e información vitales de las víctimas (edad y género).
Es de esperar que este importante vacío informativo que dejó la institución pueda ser atendido por las nuevas autoridades que comienzan el 1 de julio.
Una medida para ayudar a reducir los accidentes, colisiones y atropellos fue la instalación de 75 cámaras en las principales intersecciones de la ciudad de Panamá, sin embargo, el proyecto no prosperó, no fue más allá de su periodo de prueba.
Las supuestas infracciones que iban a estar comprobando estas cámaras eran cruzarse la luz roja, detenerse sobre el cruce de cebra, obstruir las intercesiones y hacer giros indebidos. Información que debía recibir el conductor vía correo electrónico.
Quedó pendiente, también, un posible aumento de las sanciones por embriaguez comprobada, exceso de velocidad y otras conductas, debido al incremento de las colisiones vehiculares producto del consumo de alcohol en los conductores que conllevan a la pérdida de vidas humanas.
Otro proyecto suspendido fue respecto a la transición eléctrica en las flotas estatales y de transporte público y selectivo. La ATTT debe establecer "el proceso de reemplazo progresivo de las flotas de transporte masivo y certificado de transporte público colectivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles fósiles por flotas de transporte eléctricas".
Concretamente en el 2025, las nuevas flotas deberán cumplir como mínimo el 10% de introducción de vehículos eléctricos.
Estaremos pendientes cómo evolucionan estos temas para beneficio del país.
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